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Derivado de una renovada fe en la política que involucra inteligencia, voluntad y pasión, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales aprobaron por mayoría la reforma electoral que permitirá al país contar con un nuevo modelo de comunicación entre partidos y sociedad, reducir de manera sustancial el gasto en procesos electorales, regular las precampañas, establecer nuevas reglas para la fiscalización de los recursos públicos y dotar al IFE de atribuciones para ejercer a plenitud sus facultades como árbitro electoral.
Frente al rechazo de los poderes fácticos, senadores y diputados lograron el consenso necesario para impulsar cambios sustantivos a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que redundan en el fortalecimiento del régimen democrático de nuestro país y evitan la injerencia del dinero y los medios de comunicación en comicios electorales.
En el diagnóstico del sistema electoral mexicano, los legisladores identificaron problemas que debían resolver tras la experiencia de la elección federal del 2006 y con altura de miras expresaron la necesidad de atender temas como el exceso de dinero destinado a las campañas electorales, la influencia creciente de los medios de comunicación sobre éstas, particularmente radio y televisión, los efectos contraproducentes de las prologadas campañas y la falta de regulación de las precampañas.
En esta tarea, el senador panista Ricardo García Cervantes tuvo una destacada participación al encabezar a su bancada en las negociaciones y hacerse cargo de asumir la responsabilidad de representar al partido político que gobierna en México.
Al rendir testimonio de su experiencia en esta reforma que sienta las bases del sistema electoral, el senador destaca: “Valoro y aprecio la oportunidad de haber participado en los procesos de negociación política que, mediante las mejores artes de este oficio, como el diálogo, la argumentación, la negociación con respeto y el aprecio a la diversidad, a la pluralidad y al disenso, concluyeron en la construcción de los acuerdos necesarios para hacer avanzar esta reforma de hondo calado”.
Como legisladores, advierte, hicimos frente al riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, pues la nueva realidad de la influencia de la radio y televisión ha generado efectos contrarios a la democracia al propiciar la adopción de patrones de propaganda política y electoral que imitan o reproducen los utilizados en el mercado para la colocación de mercancías y servicios.
Como lo dijimos en la exposición de motivos de la reforma constitucional, añade, desde 1997 se ha observado la tendencia de que los partidos políticos destinen cada vez mayores recursos que reciben del Estado a la compra de tiempo en radio y televisión, situación que alcanzó su punto extremo en las campañas del 2006, en la que de acuerdo con el IFE los partidos destinaron en promedio más del 60 por ciento de su gasto a la promoción de sus campañas.
García Cervantes subraya que de no haberse aprobado esta reforma en las elecciones del 2009 los partidos políticos habrían recibido para su gasto en campañas 2 mil 670 millones de pesos; en lugar de ello recibirán solamente 800 millones, lo que implica una reducción sustancial de 70 por ciento del financiamiento, dinero que será destinado para apoyar otras actividades prioritarias del país como los gastos educativos y de salud, entre otros.
Adicionalmente a este importante ahorro a las finanzas públicas del país, sostiene que con el nuevo ordenamiento legal la democracia se fortalece al asumir los actores políticos su peso específico en la construcción de acuerdos y en la atención de los problemas sociales, para lo cual se requiere la convivencia civilizada de los partidos políticos y el fortalecimiento de las instituciones y la legalidad.
En ese sentido, señala que as principales fuerzas que contenderán en las próximas elecciones se han dado las reglas de la competencia y han quedado comprometidas a someterse al imperio de la ley y de las instituciones.
De igual manera, están obligadas a modificar y adecuar su estructura y funcionamiento institucional como entidades de interés público al nuevo marco jurídico que entre todos construimos.
Con esta reforma, apunta García Cervantes, hemos asumido corresponsabilidad en el cuidado y fortalecimiento de nuestra democracia. “Todo esto para la gobernabilidad, para la estabilidad y para la generación de una cultura democrática en México no es poca cosa”.
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